Desde la antigüedad, la utilización de veneno y agentes patógenos en la guerra ha sido considerada como práctica desleal. Ha sido condenada por declaraciones y tratados internacionales, especialmente en el Convenio de La Haya de 1907 (IV) sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Los esfuerzos por potenciar esa prohibición dieron por resultado la concertación, en 1925, del Protocolo de Ginebra, en el cual se prohíbe el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares, también denominados armas químicas, así como el empleo de medios de guerra bacteriológica.

Actualmente se entiende que esos medios incluyen no sólo bacterias, sino también otros agentes biológicos, tales como virus o Rickettsias, que eran desconocidos cuando se firmó el Protocolo de Ginebra (el 1 de enero de 1977, eran 132 los Estados Partes en ese Protocolo). Sin embargo, en el Protocolo de Ginebra no se prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas y biológicas. El año 1930, en el marco de la Sociedad de las Naciones, se intentó, aunque sin éxito, lograr una prohibición completa.

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas hicieron un llamamiento para que se eliminaran todas las armas «adaptables a la destrucción en masa». Las armas biológicas y químicas se incluyeron en esta categoría de armas, junto con las armas atómicas y radiológicas.

La enfermedad deliberadamente provocada o «guerra biológica» es motivo de preocupación cada vez mayor a medida que nos acercamos al siglo XXI, ya que su prevención es fundamental para la seguridad, la salud y el bienestar de la comunidad mundial. En los términos más simples, la guerra biológica significa exponer la salud de seres humanos, animales y plantas al riesgo de contraer enfermedades deliberadamente provocadas, como resultado de un acto hostil.

En todas las guerras, las enfermedades han causado más víctimas que las propias armas; cada vez es mayor, y se justifica, la preocupación a nivel mundial con respecto a nuevas y emergentes enfermedades. A medida que la población mundial continúa aumentando, se ocupan nuevas extensiones de tierra y se produce un mayor hacinamiento en las zonas pobladas, con lo cual es cada vez mayor la demanda de plantas y animales como fuentes de alimentación. Ello crea más oportunidades para que se propaguen enfermedades nuevas o ya existentes entre seres humanos, animales y plantas, con los correspondientes daños socioeconómicos para los países en cuestión.

Cada vez existe mayor conciencia de la susceptibilidad de los seres humanos, animales y plantas a las enfermedades. Los titulares de las noticias sobre la peste en la India, el mes de septiembre de 1994, y sobre la fiebre de Ébola en Zaire, el mes de abril de 1995, muestran cómo la propagación de enfermedades puede generar alarma y preocupación generalizadas a nivel internacional.

Comentando la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destructión, concertada hace un cuarto de siglo (el 10 de abril de 1972), el analista estadounidense Lynn M. Hansen dice: «no hay nadie que contemple con agrado el espectro de la guerra boilógica. El espectro es real, sin embargo, puesto que el hombre ha aprendido cómo usar la biología para librar la guerra contra sí mismo». «Afortunadamente», continúa, «en 1972, la comunidad international declareó estas armas fuera de la ley». Ésta es la sustancia de la Conventión.

Antes de abordar el tema de la Convencióon de 1972 sobre las armas boilógicas (en adelante, la Convención), deberíamos puntualizar que cualquier criterio sobre el tratado, desde la perspectiva de los países del Sur, sólo puede ser parcial; es decir, se trata de una perspectiva entre muchas otras posibles. Los países en desarrollo y los países no alineados pueden tener intereses y expectativas distintas, aunque igualmente legítimas, con respecto a un determinado instrumento internacional. De hecho, esa diversidad es, en sí, una de las características determinantes del «Sur», un término que utilizamos para clasificar por categorías a los Estados en desarrollo cuyo principal punto en común es el hecho de no estar alineados con ninguna gran potencia ni con cualquier otro país.

En materia de desarme, las diversas posiciones adoptadas por los distintos bloques de países en desarrollo constituyen una serie de intentos para definir un común denominador sobre diversas cuestiones. Son el resultado de un proceso de negociación, algunas veces arduo pero indispensable, a fin de que los países del Sur puedan evitar que las grandes potencias y las alianzas más consolidadas del Norte los dejen de lado. No hay que confundir los principios generales articulados por los coordinadores de grupo, a menudo con elocuencia y capacidad de previsión, con los diversos significados que puede tener un determinado tratado para los diferentes países en desarrollo.

Es un privilegio para el Comité Internacional de la Cruz Roja dirigirse a esta Conferencia, cuya finalidad es reforzar una de las primeras prohibiciones establecidas por el derecho internacional humanitario: la del empleo del veneno como medio de guerra. Esta norma no sólo se sustenta en la Declaración (2) de La Haya de 1899 y la Convención (IV) de La Haya de 1907, sino también en las normas relativas a la guerra de diversos sistemas éticos y culturales. En la Antigüedad, los griegos y los romanos tenían la costumbre de respetar la prohibición de emplear veneno y armas envenenadas. Hacia el año 500 a.d.C, en el Código de Manú, de la India, se prohibió el empleo de dichas armas y, un milenio más tarde, los sarracenos tomaron del Corán normas sobre la conducción de la guerra que proscribían el envenenamiento.

El Protocolo de Ginebra de 1925, precursor inmediato de la Convención sobre las Armas Químicas, se negoció en medio de una atmósfera de repulsa de la opinión pública por el empleo del veneno. Este Protocolo no sólo refrenda la prohibición de emplear gases tóxicos sino que prohíbe también el empleo de armas bacteriológicas. En un fogoso llamamiento, lanzado en 1918, el CICR concluía augurando que, si se aceptaba el veneno como medio de combate, se libraría «una lucha en la cual la barbarie alcanzaría proporciones sin precedentes».

La Revista prosigue su labor de informatión sobre las diversas cuestiones que plantea la tragedia de Novi Atagui, Chechenia, donde fueron asesinados seis colaboradores de la Cruz Roja cuando prestaban servicios en uno de los hospitales de la Cruz Roja. En el número de marzo-abril de 1997 se describieron los hechos y se reseñaron las conclusiones preliminares formuladas por el CICR, así como las implicaciones que éstas tienen para la conductión de sus operaciones. En la presente editión, la presidenta de la Cruz Roja Noruega, Astrid Nøklebye Heiberg, analiza de qué manera una Sociedad National que perdió a dos de sus colaboradores en tan aciagos sucesos ha reaccionado en semejante situatión y qué lecciones se han aprendido para el futuro. En otra contributión, el doctor Barthold Bierens de Haan da cuenta de cómo el CICR ayuda a sus delegados sobre el terreno a enfrentar situaciones de tensión que pueden surgir en cualquier circunstancia.

En las páginas siguientes me referiré a la forma en que la Cruz Roja Noruega reaccionó ante la trágica muerte de seis delegados del CICR en Chechenia, el mes de diciembre de 1996. Aquellos fueron días de febril mobilizatión; hoy, en cambio, es tiempo de reflexión.

Para el Movimiento en su conjunto, es esencial que fijemos la atención en la cuestión de la seguridad, por cuanto de ésta depende la integridad física de quienes trabajan para la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Al mismo tiempo, no debemos permitir nunca que actos tan perversos como éste paralicen nuestra capacidad para intervenir en zonas de conflicto.

El ataque que cobró la vida de seis miembros de la Cruz Roja en el hospital de Novi Atagui el 17 de diciembre de 1996 no tuvo por bianco únicamente a víctimas inocentes, sino a toda la comunidad de trabajadores de la causa humanitaria del mundo, al CICR, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a su emblema y, por último, al ideal mismo de la acción humanitaria. La labor humanitaria no será jamás la misma después de lo ocurrido en Novyi Atagui: en adelante, siempre habrá un «antes» y un «después». Tenemos que considerar las cuestiones relativas a la seguridad en una perspectiva más amplia que antes. Los recientes acontecimientos en Ruanda sólo sirven para reforzar este argumento.

En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, sets miembros del equipo de la Cruz Roja del hospital del CICR de Novi Atagui (Chechenia) fueron muertos mientras dormían por un comando de asesinos enmascarados, provistos de armas con silenciadores. Un séptimo delegado, herido, se libró de la matanza.

Asistencia tras el drama de Novi Atagui

El 17 de diciembre de 1996 por la manaña, un avión ambulancia salía de Ginebra con destino al norte del Cáucaso para evacuar al herido que había sobrevivido a la matanza de la noche anterior. A bordo viajan tres altos cargos del CICR: el delegado general, encargado de las actividades operacionales de la zona Europa oriental y Asia central, el médico jefe de la División de Salud, del que depende el hospital quirúrgico, y yo mismo, como médico encargado del apoyo y de la gestión del estrés de los colaboradores. Sobre el terreno, estas tres personas compartirían una doble tarea: por un lado, la investigatión de las causas de la tragedia y las decisiones operacionales que debían de adoptarse con urgencia (en particular, en materia de seguridad); por otro, la asistencia a los colegas y la gestión de este duelo colectivo.

Durante sus reuniones del 4 de julio de 1996 y del 24 de abril de 1997, la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja eligió a tres nuevos miembros del Comité:

Sr. Jean-Roger Bonvin

Sr. Peter Arbenz

Sr. Jakob Nüesch

Tras la cooptación de estas tres personas, el Comité está ahora integrado por 21 miembros.

El señor Jean-Roger Bonvin, ciudadano suizo, nacido el año 1934, es doctor en economía por la universidad de San Gall. Prestó servicios en el Instituto Internacional de Planificación de la Educatión en la UNESCO, antes de ser, de 1970 a 1979, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Burundi, en el marco de una misión de la Directión suiza de la Cooperación para el Desarrollo y de Ayuda Humanitaria, así como cónsul honorario de Suiza. A partir del 1980, fue jefe del programa de investigatión acerca de las relaciones Norte-Sur y, luego, director del Centra de Desarrollo de la Organizatión de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE), en París, del cual es presidente desde finales de 1994. También impartió cursos de economía del desarrollo en las Universidades de París V y de Lille (Francia), así como de Lausana (Suiza).

La Revista publica a continuatión las declaraciones finales recientemente aprobadas por dos conferencias zonales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

• Declaratión de Kampala, aprobada por la IV Conferencia Panafricana, el 27 de septiembre de 1996, en Kampala (Uganda)

• Declaratión de Copenhague, aprobada por la 5a Conferencia Regional Europea, el 20 de marzo de 1997, en Copenhague (Dinamarca)

Declaratión de Kampala

La IV Conferencia Panafricana tuvo lugar en Kampala (Uganda) del 23 al 27 de septiembre de 1996; asistieron delegados de 49 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Conferencia nos ha permitido extraer enseñanzas de las intervenciones de oradores versados en distintas materias, de la mesa redonda sobre comunicación, y de nuestros aportes mutuos. Si bien hemos sabido mostrarnos a la altura de muchos de los nuevos desafíos, deberemos continuar aprovechando todas las oportunidades para renovar nuestra voluntad de cambio y nuestra constante búsqueda de medios tendientes a desplegar cada vez con mayor eficacia nuestra labor en favor de las personas más vulnerables.

A instancias del CICR y con su colaboración, la Cruz Roja Japonesa organizó un coloquio en la Universidad de Tokio, sobre los problemas y los retos del derecho internacional humanitario en Japón. Esta reunión, apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nipón, se celebró el 19 y 20 de febrero de 1997.

El coloquio fue inaugurado por el vicepresidente de la Cruz Roja Japonesa, Tadateru Konoe, y por el delegado general del CICR para la zona Asia y el Pacífico, Jean Michel Monod. Participaron en él unas sesenta personas de universidades, de Ministerios —en particular de Relaciones Exteriores, de Justicia y de la Agenda de Autodefensa—, de diversas organizaciones no gubemamentales y de la Sociedad Nacional.