En Somalia, un grupo de jóvenes actores, músicos y guionistas decidió crear una obra teatral que será representada y filmada en vídeo para su distribución en todo el país: en una de las escenas se confrontan un joven miliciano, que se jacta de sembrar el terror, y la mujer a la que ama, que describe el sufrimiento que engendran esos actos y que rehúsa casarse con un hombre que se ha olvidado del código del honor de su clan. Esta representación artística es un mensaje dirigido a los jóvenes milicianos sobre los efectos que conlleva la violencia descontrolada tanto para la víctima como para quien la desata.

Las violaciones del derecho intemacional humanitario no son un fenómeno reciente. Tampoco lo es la idea de establecer un tribunal penal intemacional para reprimir esas violaciones. El primer proyecto que creó un vínculo entre las violaciones de un tratado humanitario —a saber, el Convenio de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña— y una sanción penal por un cuerpo judicial internacional permanente fue trazado por Gustave Moynier, uno de los fundadores del CICR. Sin embargo, como muchos otros proyectos, éste no se materializó.

A mediados de nuestro siglo, dos importantes acontecimientos influyeron en el derecho penal international. En primer lugar, fueron los juicios en Nuremberg y en Tokio contra los grandes criminales de guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los que sirvieron de referente en este ámbito. La responsabilidad penal individual por actos graves contrarios a las normas del derecho internacional aplicable en caso de conflicto marmado sale a la luz pública; las nociones de «crímenes contra la paz», «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad» se ven refrendadas. Algo más tarde, con la aprobación de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protectión de las víctimas de la guerra, se produce el segundo acontecimiento. En estos instrumentos se establece un marco represivo especial para las violaciones más graves del derecho que garantizan; nace la expresión técnica «infracción grave».

El 15 de junio de 1998, dará comienzo en Roma una conferencia diplomática de cinco semanas de duración con la misión de poner remedio, con la aprobación de un tratado para la constitutión de un tribunal penal international permanente, a una de las más persistentes deficiencias existentes en el sistema de aplicación del derecho internacional humanitario. Aunque el esfuerzo actual de las Naciones Unidas para instituir un tribunal de esta índole se inició hace medio siglo con la propuesta formulada en 1947 por Henri Donnedieu de Vabres, el juez francés del Tribunal Militar International de Nuremberg, es aún escasamente sabido que la primera propuesta seria de creación de este tribunal fue la realizada hace más de siglo y cuarto por Gustave Moynier, uno de los fundadores, y durante mucho tiempo, presidente del Comité International de la Cruz Roja. Moynier luchó con muchos de los mismos problemas a los que se enfrentarán los redactores de los estatutos en la Conferencia Diplomática de 1998, y los aciertos y carencias de su propuesta siguen siendo válidos.

Ante todo, cabe señalar que, aun hoy, no todas las situaciones post-conflictivas se caracterizan por la restauración de una verdadera paz. A menudo, se trata de un estado en que el conflicto continúa de manera más o menos larvada, que va desde actos hostiles aislados, a veces terroristas, hasta operaciones militares que, a pesar de ser beneficiosas, mantienen un clima de beligerancia. En tal contexto, resulta difícil garantizar la seguridad que es indispensable para el funcionamiento de la justicia. Este funcionamiento está, pues, condicionado por un factor de índole esencialmente política: sin un consenso real para poner término a la lucha armada es imposible restablecer un orden en que la justicia pueda ser considerada como un objetivo tangible.

En la Primera Guerra Mundial, se recurrió, por primera vez, al empleo generalizado de agentes químicos en los principales frentes bélicos, lo que causó un número sin precedentes de víctimas. Apenas terminada la guerra, se desplegaron esfuerzos para proscribir estas armas. La Sociedad de Naciones se encargó de elaborar las normas específicas, poniéndose así de relieve la convicción de que esta cuestión era de interés mundial y no sólo de las potencias victoriosas. El 17 de junio de 1925, firmaron el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 26 Estados. En este tratado, se prohíbe categóricamente recurrir a medios de combate químicos y biológicos. Aunque la firma del Protocolo despertó grandes esperanzas de una efectiva prohibición de las armas químicas, la adhesión al tratado progresó lentamente. Varios Estados, que, a todas luces, dudaban de que el Protocolo pudiera aplicarse con la firmeza prevista en el texto, formularon importantes reservas.